17 de diciembre de 2013

Vergüenza e indignación

Vergüenza e indignación es lo que siente uno ante el estado de cosas actual en nuestro país. Parece que ya tenemos que acostumbrarnos y asumir los constantes recortes en nuestros derechos, en nuestros sueldos, en nuestras pensiones o en nuestros años de jubilación, que tenemos que pagar cada vez más por educar a nuestros hijos, por enfermar o por acudir a la justicia en busca de un amparo que se pretende negarnos con unas tasas coactivas. Está uno harto de políticos corruptos mires donde mires, de sobres que circulan llenos de dinero, de contratos adjudicados a dedo a empresas amigas, de sobornos de empresas a políticos, de expolíticos curiosamente reconvertidos en consejeros de empresas a las que favorecieron mientras estuvieron en el poder… Hartos de líderes políticos que no dan la cara, de ruedas de prensa sin derecho a preguntas (¡¿por qué siguen acudiendo los periodistas a esas pantomimas?! ¡plantón general ya!), de comparecencias públicas por pantalla de plasma… Hartos de ver cómo, mientras aumenta el número de personas que viven bajo el umbral de la pobreza, suben también las grandes fortunas, consecuencia lógica de exprimir al pueblo para salvar los negocios mal gestionados de los poderosos, los que nunca pierden… Hartos. Estamos hartos.

Y cuando unos cuantos indignados deciden echarse a la calle para decir basta ya, para denunciar los desahucios de familias condenadas a la indigencia, para manifestarse frente a nuestros supuestos representantes públicos para demostrarles nuestro desacuerdo con su gestión… cuando unos cuantos deciden alzar la voz y hacer público el callado descontento general, entonces la reacción es intentar aplastar esas protestas. Se han quitado la careta. Ya no se trata de una diferente ideología política, de unas diferentes teorías económicas, incluso de una diferente afinidad hacia unos u otros grupos (la gran patronal y la iglesia, fundamentalmente): con el anteproyecto de ley de seguridad ciudadana presentada en el Congreso a finales del mes pasado, han salido a la luz los instintos más represivos que habíamos visto en democracia, desde los tiempos de Franco. Y no lo digo yo: lo dicen los jueces. Si el pueblo protesta, callemos al pueblo.

No les bastó con llamar perroflautas a las decenas de millares de ciudadanos indignados que se echaron a la calle hace algunos años, el famoso 15-M: ahora por ley se prohíbe que concentraciones de esa clase puedan volver a repetirse. Cuando en 1989 los indignados chinos ocuparon la plaza de Tiananmen, se les desalojó con tanques; ahora el gobierno español también compra tanques de chorro de agua para disolver manifestaciones de este tipo, argumentando “el clima social”. Parece que las manifestaciones pacíficas asustan al gobierno. Me vienen a la mente imágenes de los años 70 en Madrid, con los grises corriendo tras los estudiantes, o de soldados persiguiendo a jóvenes en Santiago de Chile. No se consideraron necesarios estos medios en su día contra la Kale borroka, pero sí ahora cuando ciudadanos pacíficos osan criticar la labor del gobierno. La libertad de expresión nunca ha gustado en ciertos sectores.



Concentrarse ante el Congreso, el Senado u otras instituciones públicas, estatales o autonómicas, estará ahora también prohibido y fuertemente penado. Lógico: si no se quieren ver protestas, menos aún delante de ti. Igualmente prohibidos quedan los “escraches” pacíficos, el derecho básico del pueblo de decirle a sus representantes públicos (repito, PÚBLICOS, con todo lo que implica, y para lo cual se les paga) lo que se piensa de ellos (claro, el error es pensar…). ¿Democracia? Ni siquiera en tiempos de un reaccionario radical como Bush-hijo se dejaron de ver en los Estados Unidos esas manifestaciones ante la Casa Blanca que a menudo aparecen en los telediarios. Memorables son también las masivas concentraciones delante del Congreso norteamericano en contra de la guerra de Vietnam, en los 70, aunque la tradición continúa hoy. Aquí no: eso, aquí, será delito. ¿Democracia? ¿Libertad de expresión? ¡Ja!




Se prohíbe también grabar a los agentes de la autoridad en acto de servicio. Se acabó esa práctica tan molesta de grabar las acciones represivas. ¡Dónde vamos a llegar, cuando unos mossos catalanes son llevados al banquillo por la grabación de un ciudadano mostrando una brutal paliza que terminó en muerte! ¡Dónde vamos a llegar, si los antidisturbios no pueden hincharse a hostias contra esos perroflautas de mierda, que es lo que se merecen, por temor a que algún periodista o algún ciudadano con su móvil lo grabe y luego lo denuncie ante algún juezucho rojo! Prohibido grabar y punto. Volviendo al ejemplo anterior, pocos países tienen policías tan represivas, y tan dispuestas a tirar de gatillo, como los Estados Unidos; pero allí no se han atrevido a ir contra la libertad de expresión y la libertad de prensa, allí ni siquiera se cuestiona que los periodistas sigan a los policías grabando sus actuaciones desde helicóptero, como la Guardia Civil de tráfico. Allí la simple mención de intentar prohibir eso causaría un escándalo sin precedentes. Aquí no. De nuevo… ¿democracia? ¿Libertad de expresión? ¡Ja!

No es eso todo: multas superiores a algunas de las que se imponen por delitos como los relacionados con la venta de drogas serán ahora impuestas por manifestarse sin permiso o por insultar a un cargo público. Los delitos de injurias o de “ofensas a España” vuelven a adquirir una notoriedad que no veíamos desde el franquismo, cuando cualquier intento de crítica debía mantenerse en la intimidad, en voz baja y mirando a tu alrededor por si te oía alguien.

El estado policial, que tanto parecen anhelar, se impone: la palabra de un funcionario policial será ley. No harán falta pruebas para sancionar con multas que pueden llegar hasta los 600.000 euros: si el policía acusa de algo a un ciudadano, será responsabilidad del ciudadano probar que no es cierto. La presunción de inocencia se sustituye por la presunción de culpabilidad. Si el ciudadano quiere ejercer su derecho a demostrar su inocencia (ya decimos que la culpabilidad ahora se le presupone, como ciudadano de mierda que es), tendrá que intentar acceder al sistema judicial previo pago de las correspondientes tasas desincentivantes. ¿Democracia? Un insulto a la democracia, eso es lo que es.

Prohibición de instalar tenderetes para recogidas de firmas, sanciones por colgar pancartas, la no exigencia de mostrar el número identificativo de los agentes del orden (volvemos a eso tan típico de las películas americanas de apuntar el número de placa del agente que se sobrepasa en sus funciones… aquí serán anónimos, son ellos los que pueden identificarte a ti siempre que quieran, no al revés), etc, etc, etc. ¿Decía en el título “vergüenza e indignación”? Me quedo corto.

Pero no pasa nada. La ley saldrá adelante, como todo lo demás. Y nos callaremos, salvo cuatro gatos a los que ahora intentarán amordazar mediante estas prácticas sancionadas por ley. Y, pese a todo, seguiremos votándoles. Como en Valencia, sin ir más lejos, donde un presidente corrupto, al que todos hemos oído conversaciones grabadas con su “amiguito del alma” de la Gürtel, vuelve a salir con mayoría absoluta. Tenemos lo que nos merecemos. No sé de qué nos extrañamos. En realidad, estamos diciendo lo contrario: dame, dame más, que me gusta.

Así nos va.

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¿Alguien cree que exagero? Podéis leer los detalles en este informe del magistrado Carlos H. Preciado, de Jueces para la Democracia, cuyo título lo dice todo (Anteproyecto de ley de represión ciudadana)

Aunque recomiendo leer con detenimiento el informe anterior, si, como es demasiado habitual en estos días de las microfrases por whatsapp y twitter, no os apetece leer tanto (ya me doy por contento si habéis llegado hasta aquí), podéis leer otros análisis sobre el tema en diferentes artículos de prensa:

Neofranquismo

1 comentario:

  1. Somos como corderos...directos al matadero. Pero tengo esperanza que en las próximas votaciones algo cambiará,,sino fuese así me tiro al monte.

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